(La información es de El Mostrador)
Los efectos del cambio climático cada vez son más notorios, con sequías más intensas, frecuentes y prolongadas, la creciente ocurrencia de megaincendios, inundaciones y otras amenazas hidroclimáticas de las cuales la población de Chile ha sido víctima y testigo.
En este contexto, es urgente revisar cómo gestionamos el agua, ya que el marco regulatorio actual en Chile no se ajusta a las condiciones climáticas actuales y ha sido criticado por su alta fragmentación y baja coordinación. Es necesario comprender el ciclo del agua como un todo, y su relación con los demás elementos de la naturaleza, y terminar con las medidas reactivas y aisladas.
Las profundas y sostenidas desigualdades en el acceso al agua y a las decisiones asociadas, generan conflictos y desconfianza hacia las instituciones públicas y privadas. Los mecanismos de participación tienen un alcance limitado a informar o consultar a la ciudadanía, y se siguen invisibilizando las perspectivas y conocimientos locales e indígenas, así como de las mujeres y niñeces.
Los efectos del cambio climático se agravan debido a las brechas en la gobernanza, lo que resulta en un sobreúso y una distribución inadecuada del agua y los demás elementos. Esto contribuye a la severa crisis hídrica que afecta la zona central de nuestro país.
Diversas comunidades han vivido en carne propia esta crisis, incluyendo la necesidad de acudir a fuentes informales -e inseguras- para obtener agua, la pérdida de animales y cultivos, la pérdida de empleo y medios de subsistencia, así como la degradación de los ecosistemas y de costumbres propias de sus localidades.
Muchas cuencas del país presentan una situación crónica de inseguridad hídrica en sus niveles más extremos (con una proporción de los usos de agua sobre la disponibilidad superior al 100%), la que ya se extiende hace más de una década, lo que configura un escenario desafiante en materia de adaptación a la disponibilidad hídrica presente y futura.
El valle del río Aconcagua es un claro ejemplo de esta realidad. Históricamente ha sido un centro de desarrollo agrícola intenso debido a la fertilidad de sus suelos. Sin embargo, los cambios en el uso del suelo y la creciente demanda de agua han comenzado a ejercer presión sobre la capacidad de la cuenca para satisfacer diversos usos, situación que se ha agravado desde 2010 debido a la megasequía.
Actualmente, los altos niveles de estrés hídrico, junto con el uso no sostenible de las reservas de agua subterránea están provocando una serie de impactos sociales y ambientales. Además de las sequías, la cuenca también se ha visto afectada por olas de calor, incendios y precipitaciones intensas que provocan importantes pérdidas en la actividad agrícola, ocasionando problemas en la seguridad hídrica y alimentaria.
En nuestro documento “Tejiendo redes para una gobernanza colaborativa del agua en la cuenca de Aconcagua”, hemos reflexionado sobre las condiciones de desigualdad, aislamiento y desarticulación que están en la raíz de esta situación: ahí se discute cómo algunos sectores continúan haciendo uso intensivo de las aguas, mientras la agricultura campesina debe reducirse, provocando una disminución de alimentos y cambios en los productos que se consumen.
A su vez, las comunidades de sectores rurales ven desigualdades importantes en la priorización que se tiene para dar soluciones a sus problemáticas hídricas, a diferencia de la zona urbana, donde las y los habitantes cuentan con agua constante sin mayores diferencias en tiempos de escasez: “eso es lo que ven los pequeños agricultores, en el fondo sienten que hay una injusticia, porque claro hay una competencia por los recursos que es cada vez más feroz” (Grupo focal en Quillota, 2023).
El resultado se aprecia hoy en una creciente situación de conflictividad y una sensación generalizada de desconfianza y desamparo. Por ello, es crucial avanzar en una lógica integrada, con acuerdos a nivel de cuenca, reconociendo que esta es un todo indivisible, puesto que las decisiones tomadas en determinados territorios o sectores tienen repercusiones en otras escalas y niveles.: “aquí pasa que el de arriba sigue sacando lo mismo y al de abajo no le llega” (Grupo focal en San Felipe, 2023).
¿Cuáles son los aprendizajes que hemos obtenido de esta crisis? ¿A dónde debemos caminar para avanzar hacia la seguridad hídrica de nuestros territorios? Existe evidencia sólida respecto al diagnóstico, pero es hora de generar propuestas y trabajar colaborativamente. Esto es lo que buscamos en el proyecto “Cerrando la brecha de acceso al agua”, liderado en Chile por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, donde trabajamos por contribuir en dar soluciones a la compleja problemática que vive la cuenca del río Aconcagua.
Nuestro objetivo es desarrollar estrategias participativas de adaptación y gobernanza para abordar el cambio climático de manera integral en la cuenca. Para ello, el equipo del CR2 de la Universidad de Chile, el Centro de Acción Climática de la PUCV y la ONG Vertientes del Sur, junto con una red internacional de académicos/as de Canadá, Argentina y Uruguay, construyen conocimiento para comprender los riesgos y opciones de adaptación.
Compartimos este conocimiento para capacitar e informar a los actores relevantes, aprender de buenas prácticas y articularnos entorno en una “Red por el Agua”, que reúne a gobiernos, equipos científicos, organizaciones sociales y comunitarias para coordinar esfuerzos y avanzar hacia una gestión integrada y colectiva de la seguridad hídrica en la cuenca.
Este 22 de marzo, queremos llamar a la acción y colaboración, por lo que es preciso preguntarnos a nivel individual y colectivo ¿qué estamos haciendo para contribuir a la disminución de la escasez de nuestros territorios? No perdamos de vista que las acciones que realicemos deben ser por el bien común. Creemos que experiencias como el trabajo en la Red por el Agua, son esfuerzos importantes para generar acciones coordinadas e integradas. Avancemos hacia una gobernanza donde las decisiones sean justas, participativas y equitativas.